Por Mary Simón
Ginebra. - Por segunda vez, una iniciativa popular destinada a restablecer la pena de muerte en Suiza ha fracasado. En esta ocasión, sus promotores, si bien se sienten avalados por la legalidad moral de exigir un castigo “justo y lógico” para quienes abusen sexualmente de menores y los asesinen, han decidido retirar el texto que presentaron a la Cancillería federal a fines de julio último.
Los auspiciadores de esta tentativa –autodenominados grupo independiente y apolítico- son en realidad familiares y allegados de víctimas mortales de violencia sexual, La Cancillería –que aceptó el pasado martes recibir y realizar un análisis preliminar del texto- les concedió hasta el 24 de febrero de 2012 para la recogida de las 100,000 firmas necesarias para lanzar un referendo al respecto.
Quién le iba a decir a los ginebrinos que 18 años después de haber visto cómo Suiza abolía completamente la pena capital, tendrían que enfrentarse ahora de nuevo a una perspectiva de lanzamiento de una iniciativa popular que pretende el restablecimiento de la pena de muerte, vinculándola a una sanción extrema en casos de muerte por violencia sexual.
Ya con anterioridad, en 1985, hubo un intento similar contra traficantes de droga, pero se fue al cesto tras la imposibilidad de reunir el número de firmas requeridas.
Qué es lo que no funciona bien ahora en esta sociedad?: Las políticas internas, el aumento de los niveles de violencia de género, la debilidad de las instituciones judiciales o policiales, o una combinación de todos los factores en estos tiempos de crisis… aunque realmente ésta no ha llegado a la sociedad suiza con la misma gravedad que en el resto de los países centroeuropeos.
Lo cierto es que el termómetro político se disparó tanto como el insoportable calor de los últimos días, cuando el periódico “Neue Zürcher Zeitung”, de Zürich, reveló el 19 de agosto una información del interior de la Cancillería federal, donde se había iniciado el examen preliminar de un texto que pujaba por el regreso a los tiempos cuando en este país se aplicaba la pena de muerte.
La versión del matutino de Zúrich fue confirmada por el vicecanciller André Simonazzi, mientras que Marcel Graf, a nombre de los promotores del texto asintió en que había sido presentado unas cuatro semanas antes, o sea, a fines del mes de julio, en la entrada del periodo vacacional del verano.
Y esa sugerencia estaba basada en el deseo de justicia de familiares y allegados de víctimas mortales de la violencia sexual, en el entendido de que existe un “disfuncionamiento en la justicia” helvética, un criterio que podría o no ser compartido con una buena parte de la ciudadanía.
Lo que revelan las estadísticas
Sin ánimo de justificar la propuesta del grupo independiente, vale tener en cuenta que hasta hace muy poco tiempo, se desconocía la magnitud o incidencia que podría tener en la sociedad suiza, un fenómeno tan expandido como miserablemente criminal como el del abuso sexual contra menores.
Recientemente, se dieron a conocer informaciones que señalan que por lo menos 785 niños fueron objeto de abusos en Suiza durante 2009. Por primera vez salía a la luz el grado de abuso de menores en este país centroeuropeo. Ese año, 253 niños fueron maltratados, y de ellos tres fallecieron.
Según los datos suministrados por la Sociedad Suiza de Pediatría, casi el 30 por ciento de los 785 niños tuvieron que recibir cuidados médicos debido a malos tratos físicos. Un 28 por ciento fue objeto de abuso sexual, otro 27 por ciento de negligencia y un 15 por ciento por abuso mental, y lo que es alarmante es el hecho de que el diagnóstico de abuso infantil es cuatro veces más probable que los casos nuevos de cáncer en los niños.
El fin de la iniciativa
La iniciativa fue retirada finalmente este miércoles 25 de agosto, pero en sus pocos días de vida, causó un verdadero impacto en sectores políticos y mediáticos, sobre todos los vinculados a las redes de Internet.
El vocero de los propulsores, Marcel Graf, declaró ese mismo día a la oficial agencia telegráfica suiza ATS que habían retirado la iniciativa, y que su intención había sido únicamente sensibilizar a la población por el mal funcionamiento de la justicia en los casos de asesinatos de carácter sexual.
El documento, difundido en alemán en el sitio de los familiares de las víctimas, entre otros preconizaba una modificación de la Constitución helvética para reintroducir la pena capital contra quienes cometan asesinato en “conexión con abuso sexual de menores, violencia sexual o estupro”.
Entre bambalinas, había de nuevo una especie de “rififi” político a que esta cuestión de la necesidad de imponer la pena máxima subsistiese en una población que mayoritariamente ha rechazado por ética moral y humanitaria el recurso a tal castigo.
Sus promotores hallaron el escenario ideal para trasmitir sus denuncias, y según el mensaje que han publicado en su sitio Internet, el comité de esta campaña considera que “este texto era ya la única vía legal para hacerse escuchar”.
El dilema
La sociedad suiza estuvo confrontada durante toda una semana a un gran conflicto, según dejó entrever el enfoque mediático ofrecido por la oficial Agencia Telegráfica Suiza. La ATS dijo que “la iniciativa popular pena de muerte en caso de asesinato en conexión con un abuso sexual” había suscitado un gran revuelo en Suiza.
En la declaración de la Cancillería federal, sólo se abordaron los aspectos formales del procedimiento para emprender el camino hacia una consulta popular, que es en definitiva la fórmula más directa de la democracia participativa suiza.
Suiza, que ya se había tenido que enfrentar a votaciones sobre medidas extremas como el encarcelamiento de por vida a delincuentes sexuales, la prohibición de los minaretes, o el reenvío de los extranjeros que hayan cometido delitos criminales, tenía ante sí un nuevo desafío, en el caso de que finalmente los promotores hubiesen continuado en su empeño de llevar al escrutinio popular la propuesta de restablecimiento de la pena de muerte.
El dilema, según la ATS explicaba más o menos de forma clara, era que la posibilidad de una votación sobre tal texto, confrontaba una vez más al país a la disyuntiva de cómo respetar y llevar adelante los derechos de la población, paralelamente a los compromisos contraídos con los derechos fundamentales y sus compromisos internacionales.
Y es que si bien la pena capital no contradice los derechos internacionales imperativos, en materia de derechos humanos, ese castigo en sí mismo, contraviene la Convención europea de derechos humanos, -firmado por la Confederación en 2002-, así como la de la ONU, entre otros documentos a los cuales este país está asociado.
La pena de muerte quedó totalmente abolida en Suiza en 1992, luego de un largo período de moratoria, ya que la última ejecución practicada en este país fue en 1944, dos años después de su compromiso de abolir la sanción capital por delitos ordinarios.
Es evidente que la presentación de este texto, refleja no sólo la preocupación de las familias afectadas por abusos sexuales, sino también del conjunto de la población suiza.
Pueden o no existir contradictorias interpretaciones de la forma cómo el Parlamento tendría que haber tratado la iniciativa, pero la mayoría de las opiniones han ido en contra del avance de una consulta para rehabilitar la pena capital.
Desde el punto de vista de diversas organizaciones, como la sección Suiza de Amnistía Internacional, “la pena de muerte no impide ningún crimen”. El portavoz de AI-Suiza, Daniel Graf, si bien asegura que “puede comprender que los allegados de una persona víctima de graves actos de violencia pueda pensar en la pena de muerte”… dice que la iniciativa debía ser rechazada porque al final la pena capital constituye un método de castigo cruel.
En el fondo, de haberse viabilizado el referendo, el Gobierno hubiera tenido que hacer frente a una avalancha de críticas y denuncias, luego de haberse comprometido el 18 de diciembre de 2008 a bregar junto a la ONU por una moratoria mundial sobre las ejecuciones.
Esa moratoria estuvo en el centro de las discusiones efectuadas hace solo unos meses aquí, en Ginebra, en el ámbito del IV Congreso Mundial contra la pena de muerte, que auspiciado por la ONG “Juntos contra la Pena de Muerte, y patrocinado por Suiza en colaboración con la llamada “Coalición Mundial contra la Pena de Muerte”, reunió en la calvinista ciudad a más de mil personas.
Durante tres días -23 al 25 de febrero- representantes de todas las vertientes de la sociedad civil y de organizaciones internacionales y gobiernos, analizaron y respaldaron la propuesta de la ONU de establecer una moratoria universal para el cese de ejecuciones para el año 2015 como paso previo a su total abolición.
En la actualidad, la pena de muerte está vigente aún en 58 Estados, incluidos Cuba y Estados Unidos, y en muchos se emplea en detrimento de los más desposeídos, los opositores políticos o los miembros de minorías. Según AI, en Europa sólo se aplica en Bielorrusia. China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos fueron los que más ejecuciones practicaron en 2009.
No hay comentarios:
Publicar un comentario