Israel, un nuevo desafío a la ONU

Mary Simón, Ginebra

El rechazo israelí a la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de crear una comisión internacional para investigar el ataque de un comando del ejército israelí contra una flotilla de ayuda humanitaria para la población palestina de Gaza atenta contra la autoridad y credibilidad del órgano, a la vez que refleja el escaso margen de acción con que cuenta este órgano.

La situación creada por el abordaje en la madrugada del 31 de mayo a la nave Mavi Masmara con bandera y tripulantes turcos, una de las seis integrantes de la flotilla humanitaria, que provocó la muerte a unas 10 personas y heridas a otra treintena, se está convirtiendo de hecho en un nuevo y controvertido enfrentamiento en el escenaro internacional entre partidarios y detractores del Estado hebreo.

Desde el punto de vista de la legalidad del CDH, está claro que puede adoptar decisiones de este tipo, pero para Israel, este órgano de la ONU carece de “autoridad moral”. El problema fundamental para el Consejo es la imposibilidad de llevar adelante sus decisiones en casos como el del Estado Hebreo, opuesto generalmente a aceptar sus señalamientos.

Israel se ha negado rotundamente a aceptar esta decisión del Consejo, de la misma forma que ha hecho tradicionalmente ante cualquier medida que involucre un cuestionamiento de su seguridad o de sus funcionamientos “democráticos”.

Cabe recordar que el pasado año, en este mismo Consejo se dioun mandato al juez sudafricano Richard Goldstone, para que investigara sobre la operación "Plomo endurecido". Esa operación que fue llevada a cabo por el ejército israelí en Gaza contra “Hamas”, (acrónimo en árabe del Movimiento de Resistencia Islámica) entre diciembre de 2008 y enero de 2009, que dejó más de 1.400 muertos palestinos.

Israel se negó a cooperar con esta comisión investigadora que, en sus conclusiones, acusó a Israel y a grupos palestinos armados de haber cometido crímenes de guerra y recomendó además que se llevase la cuestión ante la Corte Penal Internacional, si el Estado hebreo se negaba a lanzar una investigación "creíble".

La crisis generada por el asalto a la flotilla llega en un momento particularmente delicado, en el que dentro del propio ejército israelí se están escuchando voces de cuestionamiento de una actuación negativa o desmedida del Tashal, en particular en la conocida como "Operación Plomo Fundido".

En ese sentido, ha estado bien activo el grupo de acción "Rompiendo el Silencio" , que recogió el testimonio de 26 militares, que señalaron -entre otras-que el Tashal había empleado fósforo blanco en áreas civiles, bajo el uso de reglas denominadas "permisivas".

No es la primera vez que Tel Aviv se debate ante las críticas del Consejo, en el que hay una mayoría de países árabes e islámicos, y también diferentes grupos regionales adscriptos a variadas tendencias como las del Movimiento No-Alineados, que concentra la mayoría de africanos, asiáticos y latinoamericanos.

Israel se ha negado rotundamente a aceptar esta decisión del Consejo, de la misma forma que ha hecho tradicionalmente ante cualquier medida que involucre un cuestionamiento de su seguridad o de sus funcionamientos “democráticos”.

Cabe recordar que el pasado año, en este mismo Consejo se dio un mandato al juez sudafricano Richard Goldstone, para que investigara precisamente sobre la mencionada "Plomo endurecido". Esa operación que fue llevada a cabo por el ejército israelí en Gaza contra “Hamas”, (acrónimo en árabe del Movimiento de Resistencia Islámica) entre diciembre de 2008 y enero de 2009, que dejó más de 1.400 muertos palestinos.

Israel se negó a cooperar con esta comisión investigadora que, en sus conclusiones, acusó a Israel y a grupos palestinos armados de haber cometido crímenes de guerra y recomendó además que se llevase la cuestión ante la Corte Penal Internacional, si el Estado hebreo se negaba a emprendere una investigación "creíble".

No obstante el rechazo oficial a la decisión del CDH, y siguiendo las informaciones de diversos medios de comunicación, las autoridades hebreas estarían intentando llegar a una salida de compromiso con su principal aliado, Estados Unidos, que en definitiva, también ha cuestionado el asalto a la nave Mari , pero no al gobierno hebreo.

Y además ha sustentado la iniciativa del Consejo de Seguridad de que se establezca una investigación. Lo que sucede ahora es que el CDH se le ha ido por encima a la consensuada resolución del máximo órgano de la ONU, al aprobar la creación de una comisión, cuya composición deberá determinar en los próximos días el presidente de turno del Consejo de Derechos Humanos.

Según los entendidos, entre las variantes discutidas entre Washington y Tel Aviv, figura la creación de una comisión investigadora dirigida por "un jurista de prestigio internacional" e integrada por representantes israelíes y observadores norteamericanos.

Y en el CDH, Estados Unidos, no sólo se opuso a la resolución que sancionaba la creación de una comisión de ese organismo, sino que volvió a reiterar su confianza en que las autoridades hebreas eran capaces de realizar una investigación “creíble”.

Para la representante estadounidense Eileen Chamberlain Donahoe, la única forma de salir de esta crisis es que Israel coopere con el esclarecimiento de los hechos. Chamberlain que se manifestó preocupada por “la insostenible situación de los civiles en Gaza”, dijo que “la única solución a la ocupación iniciada en 1967 es una negociación que permita a término la coexistencia pacífica de dos estados”.

Y en su opinión, el contenido de la resolución “podría complicar mucho más una situación ya frágil e inestable”.

La controvertida resolución del CDH

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido el envío de una misión internacional de investigación para determinar las violaciones al derecho internacional resultantes del ataque lanzado por fuerzas armadas de Tel Aviv a una flotilla con ayuda humanitaria, en una reunión urgente del órgano.

La medida –a juicio de especialistas- refleja una toma de posición más severa de cara a la grave situación que enfrenta la población palestina bajo ocupación de Israel, en particular desde el cerco impuesto a la franja de Gaza, dos situaciones que se han escapado a todas las tentativas de solución en el escenario de Naciones Unidas.

El CDH también condenó “en los términos más severos el ataque inaceptable lanzado por fuerzas israelíes contra la flotilla de ayuda humanitaria”, según expresa textualmente la resolución que fue adoptada por votación de 32 a favor, tres en contra y nueve abstenciones.

Visto al detalle la votación quedó así, a favor: África del Sur, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Chile, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Federación Rusa, Filipinas, Gab ón, India, Indonesia, Jordania, Kirghizistan, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán, Qatar, Senegal, Eslovenia y Uruguay.

En contra: Estados Unidos, Holanda e Italia. Abstenciones: Bélgica, Burkina Faso, Francia, Hungría, Japón, Eslovaquie, Républica de Corea, Reino Unido y Ucrania.

Sin embargo, queda por ver hasta donde llegará esta especie de fórmula viciosa de que el Consejo de Derechos Humanos, y hasta la propia ONU dispone y el Estado Hebrero decide.

El rechazo al Consejo no se hizo esperar. En su derecho de réplica, el representante israelí en, AHARON LESHNO-YAAR , este miércoles 3 de junio, dejó bien clara la posición de un gobierno. Israel si bien lamenta la pérdida de vidas humanas, no considera haber faltado a las reglas del derecho internacional y por demás se siente fuerte ante cualquier intento de imponerle resoluciones.

En opinión del delegado israelí, la flotilla de seis barcos “no era tan humanitaria, sino política y provocadora” y auspiciada por “Hamas, una organización terrorista, que intenta destruir a Israel”, según palabras textuales de Yaar.

Con estas luces, resulta harto difícil ver cómo el Consejo podría emprender la ardua tarea, para la cual, primero que todo el presidente del CDH tendrá que determinar cuántos y qué países la van a integrar, una fórmula que según las reglas deberá basarse en el equilibrio de fuerzas políticas.

La resolución adoptada se corresponde con la solicitud de acción interpuesta por la Liga Árabe y los países de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), pero que en general ha sido respaldada por la mayoría de los grupos regionales, en particular los asociados al Movimiento de Países NO Alineados, que en definitiva, conforman la mayoría de escaños en el CDH.

Dicho de otra manera, la petición del mundo árabe fue apoyada por la Unión Europea,-aunque haya países que votaron en contra o se abstuvieron- el grupo de países de América Latina, liderados por Cuba, y seguido por México Brasil, Nicaragua y Venezuela; el bloque de países asiáticos, y africanos, y en su conjunto condenaron el ataque israelí por haber ocurrido en aguas internacionales, lo que va en contra del derecho internacional.

En el escenario del debate, prima el criterio de que el ejército israelí hizo un uso desproporcionado de la fuerza, “pero lo que se debe cuestionar es por qué se usó la fuerza para detener a una flota de ayuda humanitaria”, a lo que se refirió concretamente la representación de la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos. En la esperanza de que se pueda obtener una respuesta a su cuestionamiento, por el momento, los ojos están puestos en la actuación de Tel Aviv y en el respaldo de sus más allegados aliados.

El CDH hasta la fecha no había adoptado una resolución en términos tan severos desde que sustituyó orgánicamente a la defenestrada Comisión de Derechos Humanos, aquejada de un elevado nivel de politización, un fenómeno enraizado en las relaciones internacionales como reflejo de las diferencias geopolíticas, y que en realidad este Consejo no ha logrado superar.