Mary Simón,
Ginebra. Seis países europeos miembros del Consejo de Derechos Humanos han mostrado preocupación ante las frecuentes denuncias de violaciones graves Cuba, en especial contra los defensores de derechos humanos. Los comunitarios se preguntan sobre la voluntad del gobierno actual de extender invitaciones para visitar la isla a todos los relatores del sistema de derechos humanos. Golpe de efecto político o espíritu de diálogo?
Las inquietudes en ese sentido están inscritas en una lista separada de 23 preguntas que seis estados de la Europa comunitaria están formulando a Cuba, y a la que ha tenido acceso Encuentro en la Red, en los días previos a la presentación del primer análisis del país caribeño ante el Consejo, prevista para el 5 de febrero próximo.
Las preguntas han sido individualmente expuestas por la República Checa, Latvia, Liechtenstein, Países Bajos, Suecia y el Reino Unido.
Suecia es bien crítica al exponer sus preguntas, tomando como base “informaciones confiables que indican que desde 1998 se han incrementado en el país los niveles de detenciones arbitrarias de disidentes, así como continuas restricciones a la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de movimiento y el derecho a participar en la estructura de gobierno”.
Al respecto, plantea que generalmente, se recurre a términos definidos en el Código Penal, como “peligrosidad, propaganda enemiga, y atentado contra la autoridad” para penalizar el ejercicio de las libertades fundamentales.
El gobierno sueco recuerda numerosos llamamientos de estados miembros, ONG, y del propio sistema de derechos humanos de la ONU para que Cuba establezca un cuerpo independiente encargado de recibir las quejas de violaciones a los derechos humanos.
Más aún, insiste en que dadas las repetidas evidencias de malostratos, tortura y la falta de alimentos, cuidados médicos e higiene en los centros de detención y en las prisiones, es importante conocer cuales medidas ha adoptado el gobierno para garantizar el bienestar de los prisioneros y detenidos, según los principios de la Convención de la ONU contra la Tortura.
En sentido general, estos países consideran que de una u otra forma, La Habana debería responder ante el órgano de derechos humanos, si después de la anunciada invitación al relator de la ONU encargado de los casos de tortura y malos tratos, el gobierno cursara otras al conjunto de los diferentes relatores encargados de cuestiones tan sensibles como la libertad de expresión, de asociación pacífica, de los derechos de los hijos de prisioneros, entre otros.
La República Checa, por su parte, está preguntando acerca de las garantías jurídicas legales establecidas en ese país para garantizar la protección contra el abuso de disposiciones penales para la persecución de defensores de derechos humanos.
Asimismo, insiste en cómo se garantiza la libertad de expresión y de asociación, en tanto Liechtenstein solicita mayor explicación sobre las medidas adoptadas para impedir el abuso de menores.
En ese sentido, se plantea conocer si se ha establecido un sistema de detención temprana de la violencia contra los menores, que tome en cuenta la oportunidad del menor de reportar abusos y otras violaciones a sus derechos tanto en la familia, como en la escuela u otras instituciones.
La preocupación de los Países Bajos está encaminada saber si en un futuro próximo, Cuba considera el dar acceso a organizaciones independientes, como la Cruz Roja Internacional, a las prisiones.
Gran Bretaña que cita el texto del informe presentado por Cuba en el que dice que “la libertad de opinión, expresión y de prensa”, así como “de reunión pacifica, asociación y manifestación” son derechos establecidos en la Carta Magna, pregunta entonces a qué se debe el hecho de que el Gobierno de Cuba pide garantías de que visitantes oficiales extranjeros no se reunirán con ciertos ciudadanos cubanos…
En general, estos países coinciden en la importancia de que Cuba ratifique los pactos económicos y sociales, y sobre todo la Convención sobre los derechos civiles y políticos, un instrumento clave de la ONU que sustenta la mayoría de los gobiernos democráticos.
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